Fallo: San Luis rechazó el recurso de casación interpuesto 2012

Resumen:

El Superior Tribunal de Justicia de San Luis rechazó el recurso de casación interpuesto, ya que resulta ajeno a la finalidad del remedio casatorio tratar nuevamente la valoración de los hechos que llevaron tanto en primera, como en segunda instancia, a descartar la renuncia del actor, considerando que existía un verdadero despido incausado.

San Luis, 28 de Febrero de 2012.-

CUESTIONES

I) ¿Es formalmente procedente el Recurso de Casación?

II) ¿Existe en la sentencia recurrida alguna de las causales enumeradas en el art. 287 del C.P.C.C.?

III) Caso afirmativo de la cuestión anterior, ¿cuál es la ley a aplicarse o la interpretación que debe hacerse de la ley en el caso en estudio?

IV) ¿Qué resolución corresponde dar al caso en estudio?

V) ¿Cuál sobre las costas?

A la primera cuestón, el Dr. Omar E. Uría, dijo:

I) Que a fs. 221, la parte demandada interpone Recurso de Casación contra la Sentencia N° 74, dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones Civil, Comercial, Minas y Laboral Nº 2, de la Segunda Circunscripción Judicial, fundando el mismo a fs. 223/228, invocando las causales contempladas en los incs. “a” y “b” del art. 287 del C.P.C.C.

Manifiesta, en sustento de su posición, que la Sentencia de Primera Instancia hizo lugar parcialmente a la demanda, desconociendo la renuncia del actor y dándole al acta realizada con posterioridad una valoración que no es la correcta, al aplicar el art. 15 de la LCT en cuanto requiere la homologación del acuerdo.

Afirma, que la Excma. Cámara incurrió en el supuesto del inciso “b” del art. 287 del C.P.C.C., es decir, dejó de aplicar la norma que correspondía, al no tener en cuenta la forma en que se sucedieron los hechos y la prueba producida en autos, ya que aplicó el art. 15 de la LCT como si se tratara de una extincion por mutuo acuerdo, cuando existió una renuncia unilateral por parte del actor.

Asevera, que no está probado en autos que el actor haya actuado presionado o amenazado, ya que de las testimoniales no surge tal situación, pues los testigos solo manifiestan que la empresa a lo mejor pudo ejercer presión. Que la contestación del oficio dirigido a STIA claramente dice que la empresa no realizaba dichos procedimientos, por lo que en autos se acreditó la libertad con que actuó el actor al momento de firmar el acuerdo ante la Escribanía.

Señala, que la renuncia presentada por el actor fue un acto totalmente voluntario, que no surge de ningún acuerdo sino de un telegrama firmado solo por el accionante, que despachó el día 8/10/05, por lo que la relación laboral se extinguió por esa causa. Que en ese entonces, la empresa no había efectuado ningún pago al actor, sino que después de cinco días, se formalizó ante la Escribana Estela Perusini de Rojo un acuerdo, donde se reiteró que el contrato de trabajo había sido extinguido por la renuncia del empleado, y que el empleador abonaba una gratificación por única vez de $ 49.424,50. Que en ese acuerdo, el actor no hizo más que ratificar el acto anterior de su renuncia y aceptar la gratificación ofrecida por la empresa, manifestando que nada más tenía que reclamar.

Agrega, que no puede hablarse de vicios de la voluntad, de fraude, de simulación, de lesión, o de que el actor haya sido víctima de una maniobra fraudulenta de la empresa, cuando en todo caso la que está siendo víctima de una actitud maliciosa, injusta, con manifiesta mala fe, es su mandante, que voluntariamente le pagó una suma graciable a quien, luego de aceptar ese premio, pretende tergiversar los hechos y emprender esta aventura jurídica con el fin de obtener un mayor rédito económico. Que los propios actos del actor son demostrativos de que renunció a trabajar a la empresa, y de que las indemnizaciones y multas que pretende son improcedentes.

Destaca, que existió un acto unilateral del actor, que no es un acuerdo de voluntades, previsto en el art. 240 de la LCT como modo de extinción del contrato de trabajo.

Alega, que la decisión que impugna es arbitraria, porque no se analizó el resto de los agravios motivo del recurso de apelación. Que del presente expediente, no surge que la parte actora planteara la inconstitucionalidad del art. 245 de la LCT, por lo que el a quo se excedió de sus funciones y de lo planteado por las partes, al declarar la inconstitucionalidad del art. 245 de la LCT. Que tampoco se analizó el agravio relativo a la falta de consideración por el a quo de la retención que su mandante efectuó, de acuerdo a resoluciones de la AFIP, del monto que abonó.

Por último, señala que la Excma. Cámara tampoco consideró los agravios relativos a la forma en que se impusieron las costas, a la incorrecta aplicacion de la Ley Nº 25.561, y del art. 2 de la Ley Nº 25.323, expresando que este último se aplica en el caso de la falta de pago de la indemnización por despido en legal tiempo y forma, y previa intimación, por lo que no siendo procedente el pago de indemnizacion alguna dado que el actor renuncio voluntariamente, ni haberse efectuado el reclamo al pago de diferencia, dicho rubro debió ser rechazado.

II) Que a fs. 232/242, contesta traslado la parte actora, solicitando el rechazo del Recurso bajo responde con costas.

Manifiesta, que las causales casatorias invocadas por la recurrente, se fundamentan en cuestiones de hecho y apreciación de prueba, pues se argumenta que el actor no probó que hubiera sido despedido.

Afirma, que la recurrente, mediante la excusa de que se ha aplicado erróneamente el art. 15 de la LCT, lo que pretende es crear una tercera instancia para revisar la forma en que el Juez de grado y la Cámara trataron y/o apreciaron los hechos de la causa. Que lo que discute no es en realidad la forma en que se aplicó o interpretó la norma referida, sino como el Juez y la Cámara apreciaron los hechos que lo llevaron a la aplicación de dicho precepto. Que es ajeno al recurso de casación tratar nuevamente la valoración de los hechos que llevaron tanto en primera, como en segunda instancia, a descartar la renuncia, considerando que existía un verdadero despido incausado.

Agrega, que en el cuestionamiento efectuado por el recurrente, se reeditan los mismos fundamentos expresados en la contestación de demanda y en los agravios ante la Alzada, dirigiendo su discrepancia con la totalidad de los puntos resueltos, tratando de sostener su razonamiento mediante el simple alegato de errores en la apreciación de la prueba.

Destaca, que tanto el Juez de grado como la Excma. Cámara, han interpretado que de las constancias de la causa surgía que no se estaba ante una renuncia, sino ante un negocio jurídico diferente, el cual requería homologación judicial o de autoridad administrativa del trabajo, y que los pagos no se realizaron como lo prescribe la LCT y el Código ritual, por lo que no existiendo aquella homologación, era procedente el pago de las diferencias indemnizatorias.

Asevera, que el recurrente no se hace cargo de los argumentos expuestos en las decisiones cuestionadas que llevaron a la conclusión de la existencia de una acto oculto verdadero y oneroso.

De seguido, expone razones mediante la invocación de circunstancias objetivas y subjetivas, para sostener que en el fallo cuestionado se ha efectuado una correcta apreciación de los hechos y aplicación del derecho, transcribiendo doctrina y jurisprudencia que sustentan su posición.

Concluye, resaltando que en modo alguno se puede considerar que ha existido un acto unilateral gratuito de renuncia, como lo pretende la recurrente, sino que, tal como lo afirma el Juez de grado, se está en presencia de un negocio diverso, que al no estar homologado hace viable el pedido de las diferencias indemnizatorias por despido incausado.

III) Que a fs. 248/250, se expide el Sr. Procurador General, quien opina que el Recurso es improcedente en base a los fundamentos que allí desarrolla y que se dan por reproducidos en honor a la brevedad.

IV) Que corresponde efectuar el pertinente análisis a los fines de determinar si se ha dado cumplimiento a los requisitos establecidos por la normativa vigente en cuanto a la procedencia del Recurso en cuestión.

Así, surge de las constancias de la causa que la Sentencia recurrida fue notificada a la demandada el día 30/12/2010 -fs. 217- habiéndose interpuesto el Recurso el día 03/02/2011 -fs. 221- y fundamentado el mismo el día 15/02/2011 a la hora ocho y cuarenta y cinco -fs. 228 vta.- por lo que luce tempestivo, al haber sido el día 31/12/2010 feriado judicial -Ac. N° 986/10-, y mediar desde el 01/01/2011 al 31/01/2011, feria judicial -Ac. N° 971/10-.

También, se advierte que el recurrente ha efectuado el depósito establecido en el art. 290 del CPCC, y que la Resolución impugnada reviste el carácter de sentencia definitiva.

V) Que no obstante lo anterior, dado lo previsto por el art. 291 del CPCC y el criterio jurisprudencial que sostiene que para la procedencia del Recurso de Casación se debe alegar sobre la correcta interpretación legal, indicando en modo claro y preciso la forma en que se ha violado la ley invocada en el fallo, y cuál es la interpretación correcta, circunstancia que si no se cumplimenta conlleva a que el recurso deba ser rechazado (Conf. STJSL S.J. Nº 18/06 “Cabello, Oscar Alfredo c/Edesal S.A. – D. y P. – Recurso de Casación”, 18-04-06; STJSL S.J Nº 19/07 “Kravetz Elias Samuel c/Edesal S.A. – D. y P. – Recurso de Casación”, 17-05-2007; entre otros), se afirma la improcedencia del recurso en estudio.

Ello, dado que de la lectura de la expresión de agravios surge que, no obstante invocarse por la recurrente que la Casación se sustenta en los supuestos contemplados por el art. 287 de la Ley de rito, para sostener la configuración de los mismos efectúa una valoración de los hechos diferente a la realizada en la Sentencia de Primera Instancia, que se comparte y confirma en la Resolución en crisis -ver fs. 215 párrafo segundo-.

En efecto, la recurrente afirma que se ha interpretado y aplicado incorrectamente el art. 15 de la LCT, sosteniendo para ello que la Resolución confirmada en la Sentencia que cuestiona ha omitido considerar la renuncia del actor y ha errado en la valoración del acta, efectuando la impugnante a dichos fines un análisis y meritación de las declaraciones testimoniales, de la prueba informativa y de la documental, concluyendo que en el acta celebrada ante Escribana sólo se instrumentó la ratificación de la renuncia del actor y la aceptación por este de la gratificación ofrecida por la empresa.

Es decir, que los fundamentos desarrollados a lo largo del memorial, se circunscriben, para sustentar la incorrecta interpretación y aplicación de la norma, a cuestionar, en definitiva, mediante una diferente valoración de las pruebas, la determinación de los hechos que se efectuó en la Sentencia bajo recurso, pretendiendo modificar la plataforma fáctica que el Tribunal recurrido consideró, ya que éste apreció que se estaba ante una renuncia negociada o acuerdo de extinción, pues el acto de dimisión del trabajador ocultaba un acuerdo transaccional, y que en consecuencia al no existir la homologación requerida por el art. 15 de la LCT eran procedentes las indemnizaciones por despido sin causa, debiendo considerase a las sumas entregadas en el convenio como pago a cuenta.

En consecuencia, los agravios esgrimidos resultan ajenos a la vía intentada, pues remiten a cuestiones valoradas en su oportunidad por los Tribunales inferiores, no susceptibles de revisión en esta instancia recursiva.

Al respecto, cabe señalar que en la meritación de la prueba los jueces son libres en la selección de los medios probatorios e indiciarios que los conducen a establecer los hechos, y de optar por aquellos que les ofrecen mayores garantías de eficacia en el descubrimiento de la verdad, ya sea omitiendo o haciendo prevalecer unos u otros, por lo que esta temática queda -por regla- excluida del control casatorio, puesto que la finalidad institucional de este carril impugnatorio busca el cumplimiento de la ley, la unificación de la interpretación del derecho y por ende debe aprehender los hechos como vienen relatados por los jueces de grado (conf. STJSL-S.J.N° 64/08 “Peralta Raúl Humberto c/Naturel S. A. Y O. – D. y P. – Recurso de Casación”).

Sin perjuicio de ello, se estima pertinente destacar que la solución arribada es concordante con el criterio jurisprudencial que, ante análogo supuesto, sostiene que «resulta contraria a la naturaleza jurídica de la gratificación la pretensión del empleador de imputar su importe a título de pago de rubros indemnizatorios determinados y previstos por el legislador para supuestos específicamente regulados en la ley» y que en el caso no puede derivar sino de una situación de despido sin causa (en la especie acto oculto) -art. 245, ley de contrato de trabajo- y no precisamente de una dimisión del trabajador al empleo (en el caso acto ostensible) -art. 240, ley de contrato de trabajo- lo cual no impone ninguna obligación resarcitoria al principal” (Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, 07/04/1992, “Gatta, Domingo A. c. Alpargatas S.A.”, Publicado en: LA Ley Nº 1993-A, 289 – DJ 1993-1, 593, Cita Online: AR/JUR/1660/1992).

VI) Que en lo que respecta a la alegada arbitrariedad de la Sentencia por omisión en la consideración de los agravios relativos a la aplicación de la Ley Nº 25.561 y del art. 2 de la Ley Nº 25.323, se advierte que la misma resulta inatendible por ser ajena a la vía intentada, ya que tales cuestionamientos se corresponden con materia propia del recurso extraordinario de inconstitucionalidad local, al que la recurrente debería haber acudido si se creía asistido en derecho.

No obstante, cabe poner de resalto que no se expone ningún fundamento respecto a la incorrecta aplicación de la Ley Nº 25.561; y que para fundamentar la inaplicabilidad del art. 2 de la Ley Nº 25.323, también se pretende modificar la plataforma fáctica considerada en la Sentencia que se confirma en la decisión que se impugna, al sostener que el actor no efectuó el reclamo que la norma requiere, cuando en aquella expresamente se consideró que había mediado el mismo (ver fs. 176 último párr.).

VII) Que por último, en lo que respecta al agravio relativo a la imposición de costas, cabe señalar que el mismo resulta ajeno al ámbito de la casación al remitir a cuestiones de naturaleza procesal, conforme lo dispuesto por el art. 288 del CPCC, lo que conlleva, también en este aspecto, a la improcedencia del recurso en análisis.

En tal sentido, este Superior Tribunal ha dicho que «Resulta insoslayable para el Tribunal el precepto contenido en el art. 288 de la Ley Nº VI 0150-2004 (5606 «R») que veda el recurso casatorio respecto a normas procesales….» (STJSL Nº 55/06 Adaro Tomas F. y otros c/Catriel S.A y otros – Demanda Laboral- Recurso de Casación, del 12/10/06 citado en STJSL- S.J Nº 70/08, entre otros).

VIII) Que en consecuencia, siendo las cuestiones planteadas ajenas al ámbito de la casación, el medio recursivo en estudio deviene improcedente, más aún cuando éste no procura una tercera instancia con el fin de revisar la justicia material de las sentencias de tribunales de grado, sino más bien el restablecimiento del imperio de la ley, que lleva por consiguiente, una función pública con prescindencia de los intereses de las partes (Conf. STJSL S.J Nº 4/07 “Garcia Maiztegui Julio c/Osvaldo Ruben Muract – D. Ejecutiva – Recurso de Casación”, 27-02-2007“; STJSL S.J Nº 44/09 “Palumbo Juan Carlos c/Pompagua S.R.L. D. Y P. – Recurso de Casación, 19-05-2009”).

Por todo lo expuesto, advirtiendo el incumplimiento por parte de la recurrente de lo dispuesto por el art. 291 del CPCC, corresponde declarar formalmente inadmisible el mismo.

Voto entonces a esta Primera Cuestión, por la Negativa.

Los Dres. Horacio G. Zavala Rodriguez y Oscar E. Gatica, comparten lo expresado por el Dr. Omar E. Uría, adhieren y votan en igual sentido a esta Primera Cuestión.

A la Segunda Cuestión, el Dr. Omar E. Uría, dijo: Que conforme se ha votado la primera cuestión, no corresponde su tratamiento.

Los Dres. Horacio G. Zavala Rodriguez y Oscar E. Gatica, comparten lo expresado por el Dr. Omar E. Uría, adhieren y votan en igual sentido a esta Segunda Cuestión.

A la Tercera Cuestión, el Dr. Omar E. Uría, dijo:

Que conforme se ha votado la primera cuestión, no corresponde su tratamiento.

Los Dres. Horacio G. Zavala Rodriguez y Oscar E. Gatica, comparten lo expresado por el Dr. Omar E. Uría, adhieren y votan en igual sentido a esta Tercera Cuestión.

A la Cuarta Cuestión, el Dr. Omar E. Uría, dijo:

Que atento a la forma en que se han votado las cuestiones anteriores corresponde el rechazo del Recurso de Casación interpuesto, confirmando la Sentencia recurrida. Así lo voto.

Los Dres. Horacio G. Zavala Rodriguez y Oscar E. Gatica, comparten lo expresado por el Dr. Omar E. Uría, adhieren y votan en igual sentido a esta Cuarta Cuestión.

A la Quinta Cuestión, el Dr. Omar E. Uría, dijo:

Que las costas deben imponerse a la recurrente. Así lo voto.

Los Dres. Horacio G. Zavala Rodriguez y Oscar E. Gatica, comparten lo expresado por el Dr. Omar E. Uría, adhieren y votan en igual sentido a esta Quinta Cuestión.

Con lo que se dió por finalizado el acto, disponiendo los Señores Ministros la sentencia que va a continuación, firmando por ante mí, doy fé.

Dres. Horacio G. Zavala Rodriguez, Omar E. Uría y Oscar E. Gatica.

En mérito al resultado obtenido en la votación del Acuerdo que antecede, Se Resuelve:

I) Rechazar el Recurso de Casación interpuesto.

II) Costas a la recurrente.

Horacio G. Zavala Rodriguez – Omar E. Uría – Oscar E. Gatica



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