Fallo Relación de Dependencia: Corte Suprema de Justicia de Santa Fe

Tribunal: Corte Suprema de Justicia de Santa Fe
Autos: Weggener, Ricardo J. c/Suc. de Bautista Cravero y Otros s/Laboral
Fecha: 12-03-2013
Cita: IJ-LXVIII-15
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Sumarios :
Corresponde rechazar el recurso de queja contra la sentencia que no tuvo por acreditado el vínculo laboral del actor como trajador rural permanente, en tanto el caudal probatorio del actor era insuficiente en orden a determinar la existencia de dicha relación, y pesaba sobre este la carga de probar la relación laboral pretendida.

Está a cargo de quien lo alegue la prueba de la existencia del hecho en el cual se funde el derecho cuyo reconocimiento se pretende, debiendo acreditar no sólo la prestación de servicios a favor del demandado sino que esos servicios fueron dirigidos.

Corte Suprema de Justicia de Santa Fe

Santa Fe, 12 de Marzo del año 2013.-

1. Surge de las constancias de la causa que la sentencia recurrida confirmó la del Inferior que, a su turno, rechazó la demanda promovida por el accionante tendiente a obtener el reconocimiento del vínculo laboral y la percepción de rubros laborales, imponiendo las costas al apelante.

Es contra aquel pronunciamiento que el impugnante interpone recurso de inconstitucionalidad en los términos del art. 1 inc. 3 de la Ley Nº 7055, por considerarlo lesivo de los derechos y garantías constitucionales que invoca y por vulnerar, fundamentalmente, los principios que rigen la materia laboral. Por lo demás, aduce que el mismo incurre en gravedad institucional por atentar contra la seguridad jurídica y echar “por tierra todo el andamiaje elaborado en pro de los trabajadores”, trascendiendo el interés individual de las partes.

En el memorial introductor, el compareciente señala el yerro en que incurre la Alzada, por invertir el principio de la carga probatoria, pues hace recaer en él, el deber de acreditar la prestación de servicios con carácter permanente y que los mismos se han realizado subordinadamente; vulnerándose así el principio protectorio que consagra la Ley Nº 20.744 y la regla in dubio pro operario. Tales postulados, propios del derecho del trabajo, entiende que deben extenderse a la particular situación del trabajador agrario.

Le agravia que la Cámara se apartara de la normativa vigente, es decir de la presunción que contempla el art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo, de la cual sólo cabe colegir, la existencia de la relación laboral rural “permanente” cuyo factor propio es la subordinación; reiterando que ambos extremos se encontraban acreditados en virtud del propio reconocimiento del demandado (de la contestación de la demanda).

Expresa que el Tribunal incurre en arbitrariedad por omitir ponderar prueba que considera relevante para la suerte de un resultado justo. Seguidamente describe el plexo probatorio obrante en la causa demostrativo de la existencia de la relación laboral “permanente”, el que detalla minuciosamente. En ese orden, el recurrente señala y analiza constancias que surgen tanto de autos como del juicio de alimentos y divorcio promovidos en su contra.

Asimismo, reprocha las consideraciones de la Alzada en torno a las pruebas reunidas sobre la prestación de servicios de Weggener para con los demandados: confesional, testimoniales, documentales e informativas; aduciendo que los fundamentos esgrimidos por el Tribunal para concluir que no se verifica una relación de trabajo agrario “permanente”, se adopta sin conexión con los elementos de prueba arrimados al proceso.

En este sentido califica de “poco seria” la argumentación por la cual los sentenciantes decidieran el rechazo de la apelación, basándose en que su parte no llevó a declarar empleados del demandado, pues, a su criterio, a éste también le correspondía dicha tarea; incluso, le habría resultado más fácil pues, de haberlos ofrecido Weggener “para que vinieran en su defensa, habrían corrido el riesgo cierto de perder sus trabajos”.

Cuestiona que los juzgadores no reclamaran a los demandados la aplicación de la Ley Nº 25.191 – Libreta del Trabajador Rural.

Concluye afirmando que “la relación de trabajo existió y aunque de manera irregular la misma fue ininterrumpida”.

2. La Cámara, mediante decisorio 186 del 7 de agosto de 2012, denegó la concesión del recurso de inconstitucionalidad, por considerar que los cuestionamientos del recurrente reflejaban la mera discrepancia con las motivaciones de hecho y de derecho del fallo, razón por la cual el impugnante ocurrió en forma directa por ante esta Corte.

3. Es carga del quejoso rebatir los fundamentos del auto denegatorio (artículo 8 Ley Nº 7055). Tal carga no ha sido idóneamente cumplida por el compareciente, quedando en consecuencia en pie los fundamentos expuestos por el Tribunal para denegar el recurso.

En efecto, pese al esfuerzo argumentativo desarrollado por el recurrente, de la confrontación de los agravios con el fallo impugnado -no obstante el matiz constitucional que el compareciente pretende otorgarles-, surge que los mismos sólo denotan el disenso para con el criterio con que el Tribunal analizó los hechos según las constancias de autos y con el que valoró las pruebas y en función de ello, interpretó y aplicó las normas de derecho común, ámbito que como es sabido, resulta ajeno a esta instancia extraordinaria.

Surge de autos, que la Alzada, basándose en un precedente propio, entendió que al actor corresponde la carga de probar la relación laboral rural pretendida, “toda vez que está a cargo de quien lo alegue la prueba de la existencia del hecho en el cual se funde el derecho cuyo reconocimiento se pretende”, debiendo acreditar “no sólo la prestación de servicios a favor del demandado sino que esos servicios fueron dirigidos”; lo que Weggener no probó, pues con sus argumentos sólo insiste en que los sentenciantes debieron aplicar la presunción que consagra el art. 23 de la Ley Nº 20.744 y los principios protectorio e in dubio pro operario.

En este orden, apreció la confesional de Cravero quien admitió que “hubo una contratación esporádica para el arreglo de alambrados únicamente” y que “el Sr. Weggener tenía hacienda en los campos nuestros”; las testimoniales propuestas por el accionante, oportunidad en que resaltó las declaraciones de “Quintana”, “Muller” y “Schulte”, quienes dieron razón de sus dichos porque fue el mismo actor quien así se los manifestara, objetando que no se ofrecieran como testigos a ninguno de los trabajadores rurales que se desempeñaban bajo la dependencia de los demandados “máxime cuando, al menos, dos de ellos habían cesado al tiempo de la interposición de la demanda” (según surge de la prueba documental).

También analizó los depósitos y retiros de fondos efectuados por Cravero en la cuenta de ahorro mutual variable, ponderación de la que dedujo que los mismos carecen de relevancia probatoria ante la existencia entre las partes de vinculaciones de otra naturaleza jurídica (la actividad de Weggener en la compraventa de ganado).

Frente a lo sostenido por el a quo, el impugnante afirma que la existencia del vínculo laboral rural “permanente” y la subordinación propia de este tipo de nexos han quedado debidamente acreditados a través de las pruebas que reseña, intentando oponer su particular apreciación probatoria, más sin lograr demostrar que los juzgadores al valorar la prueba ofrecida, incurrieran en arbitrariedad, lo que resulta ajeno, por ende, a esta instancia extraordinaria.

En suma, los sentenciantes coligieron que el caudal probatorio del actor era insuficiente en orden a determinar la existencia de una relación laboral agraria con carácter “permanente”. Y ante el criterio vertido por el Tribunal para arribar a la decisión recurrida, el compareciente no logra demostrar que las tachas que imputa al decisorio -relativas a la falta de estimación de determinadas pruebas- se hubiesen configurado, por cuanto el a quo no omitió dicha ponderación, sino, que, por el contrario, frente al estudio de los hechos según las constancias de autos y la valoración de las pruebas ofrecidas, entendió que dichas pruebas carecían de idoneidad para la solución jurídica propuesta, lo que sella la suerte adversa del remedio intentado.

Tampoco se observa que lo resuelto trascienda el interés particular de las partes afectando el de la comunidad toda, es decir, que se configure en autos un supuesto de gravedad institucional.

En este sentido recuérdese que no basta con invocarlo, sino que debe demostrarse el mismo; lo que no acaeció en el sub lite (A. Y S. T. 48, pág. 293; T. 81, pág. 276; T. 98, pág. 317, etc.).

Por las razones expuestas, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia Resuelve: Rechazar la queja interpuesta.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

Gastaldi – Gutiérrez – Netri – Spuler



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