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Inspección General de Justicia c/Petrolera Podegar SA s/Ordinario


Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial – Sala C

Buenos Aires, 29 de Noviembre de 2012.-

La Dra. Julia Villanueva no interviene por hallarse excusada (fs. 286).

Estudiados los autos la Cámara plantea la siguiente cuestión a resolver:

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada de fs. 256/62?

El Dr. Juan R. Garibotto dice:

I. La pretensión y la sentencia de primera instancia.

i. Principió este expediente con la petición vertida por la Inspección General de Justicia tendiente a que se declare disuelta la persona jurídica denominada Petrolera Podegar S.A. inscripta ante ese órgano, y el consecuente inicio de su trámite liquidatorio.

Basó tal petición en la ausencia de actividad social que interpretó como evidencia de un desinterés manifiesto en alcanzar el objeto propuesto en el contrato, en la Res. I.G.J. nº 326/2006 por la que fue dispuesta la promoción de esta acción, y en los arts. 302 y 303 inc. 3º de la Ley Nº 19.550 y Res. I.G.J. 12/2004 y 7/2005.

Sostuvo, en síntesis, que más allá de que el art. 94 de la Ley de Sociedades no contempla como causal de disolución la falta de actividad, la enumeración que esa norma contiene no es taxativa; citó jurisprudencia y doctrina en apoyo de esa tesitura; aludió a la falta de presentación de balances, ausencia de pago de tasas e inactividad en la sede social; y sustentada en todo ello concluyó que por no desarrollar actividad alguna el ente jurídico perdió «la razón de ser que el derecho tuvo en miras al momento de otorgarle su existencia» (sic).

En tales términos demandó.

Petrolera Podegar S.A. no respondió la demanda, y por esto fue declarada en rebeldía.

ii. La primer sentenciante rechazó la demanda.

Luego de mencionados los efectos derivados de la rebeldía en que incurrió la demandada, la sra. juez a quo consideró ser insuficientes los elementos aportados a la litis por la actora para presumir la veracidad de cuanto ésta había invocado en la pieza inaugural del expediente.

Si bien admitió que la ausencia de actividad social es causal de disolución del ente, puso de resalto que la litis habíase trabado únicamente con la sociedad -notificada bajo responsabilidad de la parte actora en su domicilio social, lo aclaró-, y así juzgó que fue menester integrar el litigio con los socios de Petrolera Podegar S.A.

Por ello decidió del modo dicho, sin costas por no haber mediado contradictorio.

II. El recurso.

Apeló la Inspección General de Justicia (fs. 266), quien expresó los agravios de fs. 279/85 que no fueron respondidos.

Luego de formulada reseña de lo actuado en el expediente, citó la recurrente un fallo proveniente de la Corte Federal en el que fue considerada válida la notificación efectuada en el domicilio legal de la persona de existencia ideal, y de seguido aludió a los efectos de la rebeldía en que incurrió Petrolera Podegar S.A., demostrativa -dijo- de la actitud totalmente desinteresada que hace a su inactividad.

Largamente se explayó sobre esto último y concluyó ser de toda lógica que ante la falta de actividad, el objeto social perdió virtualidad, por lo que es inoperante mantener existente a un sujeto jurídico que no ha de cumplir su finalidad.

Apoyó esta conclusión en la numerosa jurisprudencia que citó.

III. La solución.

i. Señalo inicialmente que durante mi desempeño como juez a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial nº 2, en casos iguales hice lugar a la pretensión vertida por la Inspección General de Justicia (v. por todos, «Inspección General de Justicia c/Coeval S.A.», 12.9.01, e «Inspección General de Justicia c/Activa Personal S.A.», 28.10.02; ambas sentencias firmes).

Mantengo ese parecer.

(i) Ocurre que si bien el cpr 60 determina expresamente que la declaración de rebeldía no altera la secuela normal del proceso, lo cierto es que la presunción que la mencionada norma establece -presunción de verdad de los hechos lícitos aseverados en la demanda- resulta decisiva en torno al resultado del pleito. Máxime cuando los hechos referidos por la parte actora, cuya veracidad -como se señala- se presume frente a la rebeldía decretada, encuentran respaldo instrumental suficiente en mérito de la documentación aportada con la demanda, que cabe tener por reconocida en virtud del silencio del demandado y lo expresamente previsto por el cpr 356: 1º y el Cód. Civ. 919.

No caben dudas, entonces, de que puede conformarse un proceso válido y de diversas consecuencias sin la participación de una de las partes, desde que aquél que es citado al juicio tiene la carga de comparecer, del mismo modo que aquél que es intimado a hacer una manifestación debe hacerla. De modo que esa incomparecencia torna aplicable, por consecuencia, aquella presunción de verdad según lo dispuesto en las normas cit.

En esa línea ha sido juzgado que si bien la declaración de rebeldía no importa por sí el reconocimiento ficto de lo afirmado por la contraria ni altera sustancialmente las reglas relativas a la carga de la prueba, constituye fundamento de una presunción para que el juez, valorando los elementos probatorios arrimados a la causa, determine si la incomparecencia importó el reconocimiento de los hechos aseverados por la otra parte (esta Sala, «Trafina S.A. c/Galarraga de Villar, Mabél», 30.6.89; íd., «Bainver S.R.L. c/Asoc. Mutual de obreros y empleados Municipales de Posadas», 7.6.05; íd., «Von Scheidt, Gustavo c/Sluman, Carlos», 3.12.10; íd., «PBB Polisur S.A. c/Polymer S.R.L.», 4.6.12; v. Palacio, en «Derecho Procesal Civil», tº. I, pág. 281; Buenos Aires, 1992).

(ii) En tal escenario, hemos de concluir que la incomparecencia y el silencio guardados por Petrolera Podegar S.A. frente a la demanda que por disolución y consecuente inicio del trámite liquidatorio entabló la autoridad de aplicación permite presumir que no existe intención, por parte de los socios y administradores del ente jurídico, de revertir la inactividad evidenciada.

Lo cual conduce a considerar reconocidos los presupuestos de hecho que fundamentaron la acción, esto es, la inexistencia de actividad social casi desde el comienzo de su constitución, evidenciada en la falta de presentación de ejercicios económicos posteriores al año 1997, en la ausencia de pago de las tasas anuales, y en la inexistencia de sede social en el domicilio registrado.

Nótese que fue sobre la base de esas mismas omisiones que la Inspección General de Justicia dictó la Res. nº 320/2006 sobre la que la acción aquí deducida fue basada, de cuyo contenido se desprende que el representante legal de la sociedad fue debidamente citado sin que hubiere comparecido ante el órgano de control, que en el domicilio registrado no existe la sede social, y que no fueron presentados los ejercicios sociales ni sufragadas las tasas correspondientes (fs. 117/25), y que notificada esa Resolución tanto al representante legal de Petrolera Podegar S.A. cuanto a ésta (fs. 130/1 y 132/3, respectivamente), ella no fue recurrida en vía administrativa.

ii. Resultó de tal manera demostrado el desinterés, por parte de la sociedad demandada, de alcanzar el objeto social.

Coincido, así, con cuanto fue dictaminado por la sra. fiscal ante esta Cámara.

Es que si bien la inactividad no se encuentra expresamente enumerada entre los supuestos previstos en el art. 94 de la Ley de Sociedades como causal de disolución, el inc. 4º de esa misma norma prevé como causal de disolución «la imposibilidad sobreviniente» de lograr el objeto social; y no cabe duda que la inactividad tácitamente reconocida en vía administrativa primero, y jurisdiccional, después y aquí, por Petrolera Podegar S.A. es una circunstancia que no permite -rectius: imposibilita- el logro del objeto social.

En esa misma línea se pronunció la Sala E de esta Alzada mercantil, en autos «Inspección General de Justicia c/Compañía Norte S.A.» el 17.8.06; y también la Sala A de este mismo Tribunal en la causa «Inspección General de Justicia c/Central Norte S.A.» el 27.11.07: en este último fue juzgado que la inactividad societaria tiene cabida como medio para acreditar la causal legal de disolución prevista en la segunda parte de la Ley Nº 19.550: 94-4º, por resultar evidente que si una sociedad comercial no realiza alguna actividad no cumple con el desarrollo de su objeto, requisito esencial del contrato social.

Resta, por fin, mencionar que esa interpretación que asimila la inactividad como una causal de disolución se ve reforzada por el hecho de que, en el anteproyecto de reforma del actual régimen societario -elaborado por la Comisión de Estudio del Régimen Legal de las Sociedades Comerciales y Delitos Societarios, creada por la Res. MJDH nº 112/02, que fue publicado en EDLA 2003-1965- se prevé, como causal de disolución en el art. 94, inc. 4º, «la imposibilidad de continuar con las actividades previstas en el objeto o la paralización de los órganos sociales que no pueda revertirse mediante intervención judicial».

También y en ese mismo derrotero se ha pronunciado parte de la doctrina (v. por todos Zunino, en «Sociedades Comerciales: disolución y liquidación», tº. II, pág. 81, ed. Astrea, Buenos Aires, 1987; Sasot Betes-Sasot, en «Sociedades Anónimas. Constitución, modificación y extinción», pág. 348, nº 6, ed. Abaco, Buenos Aires, 1982; Escuti, en «Sociedades», pág. 323, nº129, ed. Astrea, Buenos Aires, 2006).

Nada más diré sobre este crucial asunto, por entender suficiente lo dictaminado por la sra. fiscal ante esta Alzada, que comparto en su totalidad.

iii. No fue necesario, en mi criterio, que la litis se integrara con los socios de Petrolera Podegar S.A.

Suficiente es señalar, sobre este asunto, que la sociedad es un sujeto de derecho con el alcance fijado por la Ley Nº 19.550: 2 y es, como tal, una unidad jurídica diversa y distinta de toda otra persona, inclusive de los socios que la integran, como bien lo dictaminó la sra. fiscal.

A lo que añado que aún siendo innecesario, en el quicio del trámite administrativo que precedió al dictado de la Res. nº 320/2006 que sirvió de soporte a esta demanda, el representante legal de la sociedad fue debidamente convocado sin que hubiere comparecido a esos obrados, demostrando de tal manera su desinterés sobre este asunto.

iv. El recurso, a mi juicio, debe prosperar.

Ahora bien.

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 19.550: 97, cuando la disolución es declarada judicialmente la sentencia surte sus efectos con carácter retroactivo al día en que tuvo lugar la causa generadora.

Pero aquí acaece que, según las propias circunstancias del caso, no es posible determinar dicho momento.

Por esto es que a mi juicio corresponde declarar disuelta a Petrolera Podegar S.A. en la fecha en que fue notificada de la demanda, esto es, el 5 de agosto del año 2010 (fs. 243).

La actora dispondrá la inscripción registral de la decisión a los efectos previstos por la Ley Nº 19.550: 98 previa publicación en el Boletín Oficial por un día, y cumplirá el procedimiento liquidatorio según lo dispuesto por los arts. 101 y sig. del mismo cuerpo normativo.

IV. La conclusión.

Propongo entonces al Acuerdo que estamos celebrando, admitir el recurso introducido por la Inspección General de Justicia, revocar el pronunciamiento de grado y, por consecuencia, declarar disuelta a la sociedad que en plaza gira con el nombre de Petrolera Podegar S.A. en los términos y con los alcances que surgen del ap. iii. del Consid. anterior. Con costas, tanto de la instancia de grado cuanto de Alzada, por su orden, por no haber mediado contradictorio.

Así voto.

El Dr. Machin dice:

Adhiero a la solución propuesta por mi distinguido colega preopinante. Ahora bien, he de dejar a salvo que a mi criterio la inactividad societaria per se no importa incurrir en forma automática en la causal de la imposibilidad de cumplimiento del objeto social previsto por la ley. Dicho ello, señalo que en este caso el tenor de la denuncia que formula el Sr. Guillermo R. Vázquez, y que diera origen al sumario administrativo de la Inspección General de Justicia, sumado a la actitud procesal adoptada por la accionada, es lo que me genera convicción de que en el presente caso se encuentra acreditada la causal de disolución invocada. Lo que así voto.

Con lo que terminó este acuerdo que firmaron los señores Jueces de Cámara doctores

Eduardo R. Machin – Juan R. Garibotto – Rafael F. Bruno

Y Vistos:

Por los fundamentos del acuerdo que antecede se resuelve admitir el recurso introducido por la Inspección General de Justicia, revocar el pronunciamiento de grado y, por consecuencia, declarar disuelta a la sociedad que en plaza gira con el nombre de Petrolera Podegar S.A. en los términos y con los alcances que surgen del ap. iii. del Consid. III. Con costas, tanto de la instancia de grado cuanto de Alzada, por su orden, por no haber mediado contradictorio.

Notifíquese por Secretaría.

La Dra. Julia Villanueva no interviene por hallarse excusada (fs. 286).

Eduardo R. Machin – Juan R. Garibotto



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